En representación de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, región América Latina y Caribe – AMARC ALC, rechazamos el modo en que se desarrolla el proceso judicial contra el ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, que no ha contado con el debido proceso garantizado por la Convención Americana de Derechos Humanos y las leyes en vigencia en Brasil.

Abrazamos fuerte y solidariamente al pueblo brasileño y a todas las personas que habitan en su territorio, en estos días en que se evidencia un retroceso de la garantía de derechos adquiridos en la historia reciente.

El golpe parlamentario, judicial y mediático perpetrado en 2016 y apoyado por fuerzas políticas, empresariales, religiosas y de la comunicación brasileña, es tan grave como los sucedidos en Honduras y en Paraguay en esta misma década. La profundización de este camino llevó a la construcción de procesos judiciales basados en presunciones, donde queda claro que el objetivo no es la búsqueda de justicia sino perjudicar el escenario electoral de 2018.

En este contexto es fundamental el papel que juegan los medios de comunicación. Más que nunca queda demostrado que la comunicación es un derecho que debe ser garantizado por los Estados, no sólo promoviendo diversidad de tipos de medios, de contenidos, de territorios, sino también formando audiencias y lectores que asuman su participación activa y crítica en la construcción del sistema de medios.

La información ofrecida, omitida o manipulada desde pocas empresas mediáticas estimula opiniones en un único sentido y cercena la posibilidad de discernir, elegir, apoyar o criticar de la población. Por ello, resaltamos la importancia de contar con medios libres e independientes para construir una democracia.

En el proceso conocido como Lava-Jato, el papel de los medios de comunicación hegemónicos brasileños fue y continúa siendo parcial, diseminando informaciones distorsionadas tendientes a generar una falsa sensación de culpabilidad hacia el expresidente Lula. Conocidos los argumentos de la acusación, no se informa la falta de pruebas que el mismo Juez reconoce. También es preocupante la falta de perspectiva democrática en la divulgación acrítica de provocaciones militares, agravadas por el apoyo explícito de legisladores electos por el voto popular. Es por ello que exhortamos a las autoridades del país a respetar las leyes y el proceso legal al que toda persona tiene derecho, asumiendo que es inocente hasta que se pruebe lo contrario, con el respeto que merece de llevar el proceso en libertad. Y a los medios de comunicación a ejercer el periodismo de manera responsable y desde la perspectiva de derechos.

Otro caso de tamaña gravedad es el asesinato de la concejala Marielle Franco y del conductor de su automóvil Anderson Gomes, mientras en las coberturas periodísticas se omiten las denuncias que ella realizaba contra el accionar de la policía y la intervención militar en Río de Janeiro.

Destacamos la actuación de medios de comunicación alternativa, comunitaria, cooperativa, popular, sindical y de organizaciones sociales que ayudan a quebrar el cerco informativo, así como a proteger la integridad y libertad de expresión de manifestantes en las calles, acercando diversidad de fuentes, actividades, y lugares de producción.

Nos sumamos a la exigencia mundial de garantías para la vuelta del Estado de Derecho en Brasil y llamamos a los organismos internacionales de América y del mundo a pronunciarse contra este golpe a la democracia y tomar medidas para terminar la usurpación al poder y la falta de respeto a la voluntad de la amplia mayoría de brasileñas y brasileños, que repongan la soberanía y la República en la región.

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AMARC ALC