Amarc  Chile, capítulo chileno de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, condena la nueva aplicación del artículo 36 B letra A, de la Ley General de Telecomunicaciones, a radialistas de la emisora comunitaria “Tentación” de la comuna de Paine. Este polémico artículo castiga el uso sin licencia del espectro radioeléctrico y lo sanciona penalmente, contraviniendo las recomendaciones de las Relatorías para Libertad de Expresión de la OEA y de la CIDH.

Nuestro compañero Marcelo Nuñez, director de Radio Tentación de Paine, emisora comunitaria   asociada a AMARC, ha decidido ir a juicio, desistiendo el ofrecimiento de salida alternativa hecha  por el magistrado que revisó la causa.  Con esta determinación arriesga penas de cárcel y/o altas multas. Como AMARC en Chile nos preocupa el hecho, ya que la justicia chilena ha mostrado una práctica sistemática de desestimar las recomendaciones que ha hecho el sistema Interamericano de Derechos Humanos, en materia de libertad de expresión

Según la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, UIT, el espectro radioeléctrico es patrimonio de la humanidad y es deber de los estados distribuirlo equitativamente entre los diversos sectores de la sociedad.

En Chile, el Gobierno ha limitado a un 5% el rango de espectro para el ejercicio de la radiodifusión comunitaria, con pésimas condiciones de desarrollo y promoción, discriminando arbitrariamente a favor de los intereses privados en el dial.

En Chile, hacer libre uso del espectro radioeléctrico para transmitir ondas de radio esta considerado un delito penal, que expone a la radiofonía comunitaria y a los hombres y mujeres que la hacen posible, a sanciones que van desde  presidio menor en sus grados mínimo a medio, multa de 5 a 300 unidades tributarias mensuales y comiso de los equipos e instalaciones.

Amarc Chile, manifiesta su repudio por esta nueva formalización de cargos  a radialistas comunitarios de la Región Metropolitana, la  que inicia una investigación judicial en su contra respecto de  un quehacer delictual. La consideración de hecho criminal sobre la operación de una estación de radiodifusión con fines comunitarios, atenta contra la libertad de expresión en un país que no cuenta con la implementación de una adecuada legislación en materia de radiofonía ciudadana.

Cabe recordar que esta formalización de cargos, se produce a 7 meses que 3 radios de la comuna de Paine, fueran violentamente allanadas por la PDI en un operativo excesivo frente a un ejercicio del derecho a la comunicación, como lo es gestionar un medio de comunicación comunitario.   Según consta en el informe de fiscalía, los denunciantes de esta causa, son la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI, la Subsecretaría de Telecomunicaciones, SUBTEL y denuncias de vecinos de la comuna.

AMARC Chile exige la derogación del artículo 36 B letra A, modificación que ya fue propuesta a meses del terremoto del 27F, por el importante rol que juega la radio comunitaria en la reconstrucción y fue rechazada por el senado.

Mediante este mecanismo legal muchos proyectos  comunicacionales alternativos y comunitarios, han debido o silenciar su voz o enfrentar la justicia. Esta normativa atenta contra el artículo 19 de la Declaración Universal de DDHH, contra el artículo 13 de la Convención Interamericana deDDHH y contra la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión dela  Relatoría para la libertad de Expresión, OEA.

A un año de la promulgación de la nueva Ley que crea los servicios de Radiodifusión Ciudadana, aún no existe claridad para miles de emisoras, de cuál será la reglamentación de este nuevo marco legal. En este limbo judicial no procede que se persiga a radioemisoras que aún no pueden postular a nuevas licencias por un atraso del gobierno.

Los hombres y mujeres que ejercen la libertad de expresión en una radio comunitaria, prestan un servicio único, con fines sociales y cívicos fundamentales para el desarrollo de una democracia sólida; no pueden seguir desfilando por tribunales de garantía, siendo perseguidos por un sistema judicial que no reconoce el derecho a operar y gestionar medios de comunicación sociales en un país que no cuenta con la legislación adecuada.

Mesa AMARC Chile