Las representantes del Observatorio de Medios FUCATEL, Manuela Gumucio y Lorena Donoso, marcaron la postura del mismo ante la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados respecto al tránsito de la televisión analógica a la televisión digital terrestre. Las especialistas se explayaron sobre diversos puntos, entre los que se cuenta: normativas y regulaciones a ser aplicadas, diversidad en la propiedad de los medios de comunicación y contenidos de los nuevos formatos.
Observatorio FUCATEL – 18 diciembre 2008
Postura del Observatorio ante el Parlamento por ley de TV digital

Este lunes 15 de diciembre en el edificio del ex Congreso Nacional, se produjo la intervención del Observatorio de Medios Fucatel, representado por Manuela Gumucio y la abogada Lorena Donoso ante la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados en relación al proyecto de ley enviado, a principios de noviembre, por el Ejecutivo al Parlamento para el tránsito de la televisión analógica a la futura televisión digital terrestre.

Manuela Gumucio, abrió su intervención sosteniendo que “Chile está ante una oportunidad única para cambiar el escenario de la televisión abierta y es preciso reconocer la importancia del envío del proyecto de ley por parte del Ejecutivo, dado que abre un debate público en torno al tema para que la discusión no se transformara, como se temió en un momento, en un acuerdo a puertas cerradas con los actuales operadores de las señales”. Cualquier discusión, entonces, sobre la futura televisión digital, según Manuela Gumucio, debe considerar a los operadores de hoy, pero en igualdad de condiciones frente a los nuevos entrantes que legítimamente aspiren a ocupar las nuevas señales del espectro que surgirán fruto del cambio tecnológico.

En este sentido El Observatorio de Medios reconoció la actitud visionaria de los miembros de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, quienes hace más de un año percibieron la importancia del tema, en especial si se considera que la última vez que se legisló sobre la materia fue en 1999, hace ya casi una década, lo que hace pensar que pasará mucho tiempo antes de que volvamos a tener la opción como sociedad de debatir sobre un aspecto tan crucial para el desarrollo democrático y el derecho al libre acceso a la información de todos los ciudadanos.

Por lo mismo, atendiendo la trascendencia del debate, Manuela Gumucio advirtió respecto de los riesgos de ceder frente a la tentación de parcelar el proyecto con el fin de aprobar una ley mínima que únicamente se limite a asegurar el tránsito de los operadores analógicos a la TV digital y postergar, así, de manera indefinida los planteamientos más de fondo del proyecto, que dicen relación, por una parte, con la necesidad de mejorar los contenidos que se transmiten y, por otra, una asignación eficiente del espectro disponible, garantizando un acceso igualitario a este bien limitado, a fin de contribuir al pluralismo, la diversidad y la difusión de las culturas.

La democracia implica diversidad de medios
Una primera crítica al proyecto de TV enviado por el Ejecutivo al Parlamento para la transición a la TV digital, es que no parece resguardar con la suficiente fuerza y claridad el principio básico de que un bien escaso, cuya titularidad pertenece a todos los chilenos, como es el espacio radioeléctrico, debe ser administrado por el Estado de manera eficiente, lo que en materia de medios de comunicación se traduce en la necesidad de que se de espacio a la mayor cantidad de líneas editoriales posibles, pues sólo así se garantizará en definitiva, la libertad de las personas de decidir en la vida democrática, luego de haberse informado de manera adecuada.

En efecto, las concesiones de espectro radioeléctrico para transmitir televisión abierta responden a las necesidades de concreción de la libertad de expresión y del derecho a la información. El servicio público que está detrás dice relación con la necesidad de poner a disposición de la ciudadanía contenidos audiovisuales que respondan a las finalidades que tradicionalmente se ha atribuido al medio televisivo. Ahora bien, se trata de un servicio público sui géneris, en el cual su satisfacción pasa necesariamente por que exista la mayor cantidad de voces posibles, con el propósito de que la ciudadanía pueda libremente elegir aquellas que les resulten más confiables y que tenga la posibilidad de contrastar las informaciones que se vierten en cada uno de los canales.

En consideración a l marco de compromisos que nos vincula con la comunidad internacional a través de diversos tratados donde Chile se compromete a garantizar la libertad de expresión y el libre acceso a la información, el Observatorio de Medios se desliga del razonamiento economicista que considera sólo aspectos comerciales en el manejo de los medios de comunicación, y plantea que la información tiene una categoría distinta a la de una mercadería cualquiera, porque es un bien simbólico que incide directamente en el desarrollo espiritual de los ciudadanos. La legislación suscrita por Chile en diversas convenciones internacionales, ratifica la relación entre los medios de comunicación y la consolidación del sistema.

El Descontento ciudadano frente a la oferta televisiva
Siguiendo esta línea argumental, la Directora del Observatorio hizo alusión al descontento de las audiencias frente a la oferta televisiva. Señaló que encuestas y estudios relativos a la televisión chilena muestran un creciente descontento de las audiencias por la baja calidad de la programación y el escaso aporte de este medio al debate de temas de interés público. Sin ir más lejos, se puede citar la última encuesta realizada por el CNTV donde un porcentaje importante de los consultados planteó serios reparos frente a la programación actual y la calidad y credibilidad de los informativos (consultar en www.cntv.cl)

Regular no es censurar
El Observatorio de Medios reafirmó ante la Cámara, a través de la intervención de Manuela Gumucio, su compromiso con la defensa irrestricta de la libertad de expresión y su rechazo, por lo mismo, a cualquier forma de intervencionismo político de los gobiernos en los medios de comunicación. Sin embargo, hizo ver su preocupación al considerar que esta libertad en Chile está seriamente amenazada al ser ejercida por unos pocos que tienen el poder económico y que a través de los medios de su propiedad contribuyen a que predomine una cierta visión política, religiosa y valórica en el país.

Nuestra Directora puso énfasis en que si bien estamos conscientes del rol que juega la televisión privada, en la mayoría de las democracias actuales el sistema funciona adecuadamente gracias al contrapeso entre estas televisiones y una televisión pública dotada de las herramientas que les dota de la fortaleza necesaria para garantizar los adecuados equilibrios. Asimismo, se enfatizó que una televisión pública cuya evaluación se basa únicamente en los criterios de mercado no puede desarrollar adecuadamente su labor como televisión pública, transformándose en definitiva en más de lo mismo.

En efecto, si bien TVN ha resultado ser una empresa medianamente exitosa, no ha podido cumplir cabalmente con su función de TV Pública al tener que auto financiarse, situación que la obliga a competir de igual a igual con los canales comerciales y a diseñar una parrilla programática que privilegia en gran medida las utilidades, el éxito a corto plazo, por sobre consideraciones estratégicas y de contenido que contribuyan a compensar la falta de equilibrio informativo de las otras señales y la mala calidad de una buena parte de la programación existente.

El observatorio sostiene que si queremos una televisión comercial vigorosa se necesita al menos, como contrapartida, un buen canal público que equilibre las distorsiones provocadas por el mercado, entre las que se puede mencionar a modo de ejemplo, la tendencia a la homogenización programática y la importación de formatos de dudosa calidad avalados sólo en su éxito de audiencias. TVN ha hecho dentro de este marco grandes esfuerzos de una oferta diversa y tiene el mérito de ser apreciada por las audiencias, pero se puede hacer mucho más en este sentido.

Lo primero es la definición del objeto de la concesión y luego los aspectos técnicos
Entrando a los aspectos Generales del proyecto de ley, Manuela Gumucio hizo una primera observación de fondo relativa a la mantención, en el texto propuesto por el ejecutivo, de la propuesta técnica como único criterio de análisis para otorgar, mantener o renovar una concesión televisiva. Si bien la calidad técnica de la transmisión es importante, sólo se justifica en cuanto permite el cumplimiento de la función pública del bien social asignado.

El fin social de la concesión debiera ser el requisito central para optar por una concesión y en forma secundaria la capacidad técnica para transmitir señales. En la misma posición se sitúa, por ejemplo, el presidente del Consejo Nacional de Televisión Jorge Navarrete, una de las figuras que mejor conoce la historia y evolución de la TV chilena.

No cabe duda que hacer televisión es mucho más que poner imágenes audiovisuales de calidad al aire. Si el objetivo de la televisión se redujera a esto, no habría posibilidades de que se cumplan los objetivos de servicio público que han justificado que estemos frente a un servicio concesionado.

De acuerdo al criterio de nuestro Observatorio la exigencia de que los canales expliciten su oferta programática no es una forma de intervencionismo, sino la existencia de un ”contrato” entre el concesionario y la ciudadanía –representada en el CNTV- en que se establecen derechos y deberes por la entrega gratuita de un bien público como es el espectro radioeléctrico.

En función de lo anterior, el Observatorio de Medios no comparte el planteamiento del ministro de Transporte y Telecomunicaciones René Cortázar quien, ante la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara, justificó la sola exigencia de requisitos técnicos como una forma de evitar el intervencionismo del Estado en el terreno de la comunicación social.

Asegurar el mercado de transmisión para garantizar la diversidad.

Una segunda observación de fondo que hizo presente la Directora del Observatorio, se refiere a la instauración de transportadores de red, llamadas “carreteras”. Lamentó que el Ejecutivo no hubiera acogido la propuesta del Observatorio de establecer que por lo menos uno de esos transportadores fuera estatal, aprovechando la capacidad instalada de de TVN.

El proyecto plantea, aparte de las señales adicionales que podrían tener los canales dentro de sus 6 MHz de frecuencia, presten servicios a terceros con la capacidad no utilizada y también que pueda jugar el rol de concesionarios del servicio de transporte de señales administrando otros 6 MHZ en el entendido que no pueden emitir contenidos propios a través del espectro concedido por los organismos competentes.

El sistema propuesto en el proyecto, si bien representa una de las mayores novedades del sistema, entendemos puede verse amenazado por la inexistencia de un transportador público que garantice un acceso no discriminatorio al medio de transmisión por parte de los pequeños operadores que no tengan capacidad económica para levantar sus propias redes.

Asimismo en el estado actual del proyecto no se garantiza la existencia de una oferta suficiente de capacidades de transmisión independientes, de libre acceso a los operadores que, por escasez de espectro no puedan optar a una concesión de esta naturaleza.

20 años es mucho, 15 más que suficiente
En lo que concierne a la duración de las concesiones, el Observatorio plantea que el considerar concesiones de transporte de señales de televisión indefinidas es inaceptable y los 20 años de duración de una concesión, como se sugiere en el proyecto, es demasiado tiempo, sobre todo por la rapidez con que avanzan las tecnologías hoy en día. En Estados Unidos, por ejemplo, duran sólo ocho años. Proponemos que se establezca un plazo máximo de 15 años, lapso de tiempo más que suficiente para medir la viabilidad económica del proyecto y que permite readecuar las concesiones a las infinitas posibilidades que los revolucionarios cambios tecnológicos le irán dando al uso del espectro, en especial aquellos relacionados con la interactividad del medio.

Ello resulta más urgente si consideramos que tal y como está establecido en el proyecto de ley, el observatorio estima que no está asegurada la capacidad espectral necesaria para que haya real diversidad. Esto principalmente por las grandes reservas que se hacen para asegurar el tránsito de los operadores existentes al nuevo modelo televisivo. En efecto, el proyecto prevé la transformación de los actuales operadores de televisión abierta (nacionales y regionales) sin prever, en la primera etapa, limitaciones en cuanto a la capacidad espectral que se les asignaría. De otra parte se asegura que para el caso que al cumplirse los 20 años de la nueva concesión ésta no se renovara, se les asignará la capacidad espectral suficiente para transmitir al menos una señal de televisión en las condiciones que el mercado fije en ese momento.

Campañas de interés público con sello privado
El proyecto establece que el Ejecutivo podrá determinar campañas de interés público, a las cuales los canales deberán asignarle una cantidad de tiempo anual y de minutos diarios de la programación establecidos por ley. Esta es, en lo concreto, la única exigencia que se le hace a los canales como contrapartida al uso gratuito de un bien público del que gozan. Pero el proyecto, nuevamente, es muy generoso con los actuales concesionarios al establecer que cada canal tendrá la libertad de elaborar sus propias piezas publicitarias adaptando la campaña pública a sus lineamientos editoriales.

Esto se contradice con la esencia de una campaña que para que se pueda denominar “pública” debe corresponder a la difusión masiva de un mensaje único. Si se quiere, como el proyecto lo indica, que el CNTV controle las campañas públicas hay que entregar criterios generales, que deberían respetar todos los canales, para poder supervisar su cumplimiento.

Al finalizar la intervención, Manuela Gumucio y Lorena Donoso hicieron entrega a la secretaria ejecutiva de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara, Alejandra Fernández, de un documento que sintetiza la posición del Observatorio de Medios sobre esta trascendental materia y en cuyo anexo está citado el artículo 12 de la Declaración de principios sobre la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dice así:

“Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes anti monopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. En ningún caso esas leyes deben ser exclusivas para los medios de comunicación. Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos”.