Este pasado domingo 3 de mayo se cumplieron 4 años de la promulgación de la ley de radios comunitarias, que fue el proyecto “estrella” sobre comunicación de la primera administración de Michelle Bachelet. Sin embargo, a 4 años no hay ley en plena ejecución y no existen concursos públicos para entregar concesiones, aun cuando en el papel se siguen haciendo.

Con bombos y platillos y con transmisión en línea por la red de radios comunitarias agrupadas en ANARCICH, Bachelet lanzó en La Moneda el proyecto en 2007. A casi 7 años, las promesas de una mejor legislación que la ley de mínima cobertura de 1994 y la oportunidad de desarrollo para las radios comunitarias aún es una deuda de los gobiernos democráticos. Y lo que es peor es que esta ley sectorial es perjudicial en sus efectos de poder democratizar el dial pues el «corralito» para las radios comunitarias, que solo pueden ubicarse desde el 105.1 FM dependiendo la zona geográfica, deja el 90% del espectro en manos privadas.

Pese a las recomendaciones de las relatorías de libertad de expresión de la OEA y de la ONU, que en sus informes anuales alertan sobre la concentración de medios, la persecución a radios comunitarias y la situación de comunicadores en el marco de los conflictos sociales desde 2011, tanto la Nueva Mayoría como los gobiernos anteriores han obviado el debate por una nueva ley de medios, que garantice acceso y representación de todos los sectores sociales en el manejo de frecuencias con y sin fines de lucro.

4 años de estar en el «limbo», de una ley que no termina por implementarse, de un largo proceso para reglamentar la nueva normativa y de un tiempo excesivo para realizar la migración a la nueva ley, en el cual también las comerciales tuvieron que migrar -incluso con resistencia como fue la que puso Prisa- para despejar el espacio asignado a las comunitarias. Esto ha provocado inestabilidad en las radios, a la espera del decreto que renueva su concesión, de la entrada en vigencia de las menciones comerciales y el aumento de potencia a 25 watts, que en varios casos no será posible por la saturación en la zona de servicio. Si a esto se suma la preocupación permanente por hacer sostenible la radio y el hostigamiento a emisoras comunitarias en los últimos meses en Paine y Valparaíso, debido a que no cuentan con licencia o están con potencias por sobre lo establecido, la situación es preocupante. Al respecto el informe anual de la relatoría 2013 expresa la inconveniencia de la sanción a penal a radios sin concesión, aun cuando está en trámite final la derogación de este articulado en el marco de la tramitación del proyecto de superintendencia de telecomunicaciones.

Las leyes parciales sobre comunicación desde el retorno a la democracia, con la ley de TVN de 1992 hasta la leyes de radios comunitarias en 2010 y TV digital en 2013  no han resuelto de fondo las inequidades del sistema de medios, que adolece de espacios democráticos, escasa regulación -incluyendo cuestionamientos a sus coberturas-, financiamiento público insuficiente para desarrollar el sector social y local, y con varias dudas respecto de la entrada de la radio al entorno digital, entre otros aspectos.

En este marco, una nueva política pública sobre comunicación se hace prioritaria. Así lo ha expresado la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC y centros de estudios como el programa de Libertad de Expresión y Ciudadanía de la Universidad de Chile, Observatorio FUCATEL y otros actores de la sociedad civil que están volviendo a articularse en torno a esta demanda, que busca no solo poner cotas reales al monopolio u oligopolios mediáticos sino que apuesta por  medios plurales para mejorar la democracia y la expresión de grupos excluidos, desplazados u omitidos por los medios tradicionales.

Raúl Rodríguez, Periodista, Académico Universidad de Chile, Investigador programa Libertad de Expresión y Ciudadanía y Representante AMARC Chile