Los candidatos publicaron sus propuestas y antecedentes para recibir apoyo o críticas de la sociedad civil de todo el continente hasta el 27 de agosto.
En una sesión interna celebrada en julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) seleccionó a diez finalistas, entre candidatos masculinos y femeninos, para el cargo de Relator Especial para la Libertad de Expresión.
En total, 145 personas de 22 países solicitaron sustituir al actual relator, el colombiano Pedro Vaca Villarreal, que asumió el cargo en 2020.
El proceso de solicitud y selección se rige por los criterios establecidos en la convocatoria publicada el 15 de abril de 2026 y por la normativa aplicable de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la CIDH. Asimismo, se considera la amplia representación geográfica, la equidad y la igualdad de género.
De conformidad con el artículo 15.4 del Reglamento de la CIDH, la Comisión recibirá observaciones de los Estados miembros de la OEA y de la sociedad civil sobre los finalistas hasta el 27 de agosto de 2026, a través de este formulario . Esto dará por concluida la fase de consulta pública prevista en el proceso de selección.
Finalistas
Con una trayectoria profesional dedicada a la defensa de los derechos humanos, Raissa Carrillo Villamizar, de Colombia, ha trabajado tanto en el poder judicial como en la sociedad civil, liderando litigios en casos emblemáticos ante el sistema interamericano. Actualmente, trabaja en una institución nacional de derechos humanos, donde monitorea las violaciones a la libertad de expresión y promueve estrategias para la protección de los derechos digitales.
En su propuesta, afirma que la libertad de expresión es esencial «para la defensa de la democracia, la seguridad y el bienestar de las sociedades». Según la candidata, la Relatoría debería «facilitar y mantener conversaciones estratégicas con las autoridades estatales, las víctimas, las organizaciones de derechos humanos y otros actores relevantes», además de apoyar a la Comisión en la evaluación del plan estratégico actual y en la elaboración del siguiente.
Entre los retos que pretende afrontar, menciona la violencia contra los periodistas, la censura indirecta, el abuso de responsabilidades posteriores y el impacto de los avances tecnológicos, especialmente la sostenibilidad de los medios de comunicación, la vigilancia pública y privada, y el poder de las empresas tecnológicas. Se compromete a desempeñar sus funciones con independencia, rigor, vocación de diálogo y sensibilidad diplomática.
Por su parte, Carlos Correa desarrolla su labor en Venezuela, país que describe como uno de los contextos más adversos de la región para el ejercicio de este derecho. Afirma tener más de 20 años de experiencia defendiendo la libertad de expresión.
El candidato propone un informe con tres prioridades. La primera es «garantizar la vida e integridad de los periodistas», combatiendo la impunidad y promoviendo los estándares del sistema interamericano en cada país, para que la violencia contra los periodistas sea efectivamente castigada. La segunda es «frenar el acoso judicial y la censura estatal», abogando por la despenalización de la difamación y la calumnia en asuntos de interés público y creando mecanismos para el sobreseimiento temprano de demandas abusivas que buscan silenciar las voces críticas.
La tercera prioridad es «defender los derechos digitales frente a la vigilancia y la inteligencia artificial», con un trabajo centrado en sancionar el uso ilícito de software espía y definir estándares interamericanos para la moderación de contenidos que «protejan el pluralismo sin recurrir a la censura». Según Correa, estas prioridades protegen «al periodista, al sistema que debería respaldarlo y al espacio digital donde hoy se decide la libertad de expresión».
Viviana Giacaman , especialista en comunicación estratégica de Chile, tiene experiencia en la recaudación de fondos para organizaciones internacionales y la sociedad civil, habiendo, según ella, aumentado diez veces los fondos recaudados a lo largo de su carrera.
Su propuesta se basa en tres pilares. El primero es «una labor de relator que fomenta el diálogo»: con los Estados, sin excepción, con la sociedad civil y con otros actores de la región. El segundo es «una labor de relator con una sólida base financiera», ya que, en sus palabras, «trabajar en derechos humanos requiere convicción, pero también la capacidad de forjar alianzas y recaudar fondos de forma sostenible». El tercer pilar es «una labor de relator que se comunica más y mejor», acercando a los responsables de la toma de decisiones los estándares ya establecidos de libertad de expresión.
Según la candidata, el sistema interamericano ya cuenta con «los estándares de libertad de expresión más sólidos del mundo», y el reto actual es ampliar su alcance. Giacaman sostiene que esta visión solo puede materializarse mediante un esfuerzo colectivo, «combinando la excelencia jurídica con una labor de enlace de mayor impacto e influencia en América Latina y el Caribe».
El costarricense Mauricio Herrero Ulloa parte del reconocimiento de que la Relatoría Especial ya ha logrado «enormes avances» en la protección de la libertad de expresión mediante litigios estratégicos, la lucha contra la impunidad de los crímenes contra periodistas y la creación de normas y doctrina. Su propuesta consiste en «consolidar y profundizar» estos logros, difundiéndolos entre públicos clave y convirtiéndolos en «instrumentos cotidianos del derecho interno».
Su principal prioridad es la lucha contra la impunidad de los crímenes contra periodistas y ciudadanos que ejercen su libertad de expresión, ya que, según él, «cientos de ataques quedan impunes y sin condenas», y el mayor elemento disuasorio contra nuevos asesinatos y ataques son «las investigaciones rigurosas, los juicios y las condenas de los responsables». Con este fin, tiene previsto reanudar el seguimiento de los crímenes impunes y mantener un diálogo permanente con la sociedad civil, el mundo académico y los organismos judiciales de todo el continente.
Herrero Ulloa también aboga por ampliar los esfuerzos para despenalizar los delitos contra el honor y por la proporcionalidad en las sanciones subsiguientes, además de mantener el compromiso con el pluralismo mediático, el libre acceso a internet, la lucha contra la censura directa o indirecta, la ampliación del derecho de acceso a la información y la defensa del derecho a la libertad de expresión. Finalmente, propone un esfuerzo específico para abordar, «a través del debate democrático», el problema de las noticias deliberadamente falsas, abogando por la creación de estándares para afrontar este desafío «sin menoscabar la libertad de expresión».
La abogada ecuatoriana María Dolores Miño presenta su candidatura centrándose en tres áreas temáticas para el ejercicio de la Relatoría.
El primer eje es el “impacto del crimen organizado en el periodismo de investigación”, que, según el candidato, requerirá que la Relatoría colabore con los Estados y los propios periodistas para crear no solo mecanismos de protección para los profesionales en riesgo, sino también “mecanismos de detección temprana y prevención de riesgos” derivados de este tipo de investigación, tanto en el ámbito físico y familiar como en el entorno digital.
El segundo eje es el estudio del “impacto de la inteligencia artificial en el ecosistema democrático de la región”, que el candidato describe como “un riesgo y una oportunidad” a la vez: propone la construcción de marcos jurídicos, en colaboración con los Estados, la sociedad civil, la academia y las empresas de inteligencia artificial, capaces de frenar las prácticas que erosionan el sistema democrático y, al mismo tiempo, reducir la “brecha de conocimiento digital” que actualmente limita el acceso a esta tecnología para millones de ciudadanos, especialmente los grupos más vulnerables.
En el ámbito del fortalecimiento institucional, Miño sostiene que la Relatoría debería incorporar «mecanismos de gestión de oficina digitales», similares a los adoptados por los principales bufetes de abogados de la región, para reducir las demoras procesales, aliviar la carga de trabajo del personal y ofrecer un servicio «más rápido, más oportuno y más eficiente» a los usuarios del Sistema Interamericano.
Durante 18 años, Alejandra Negrete Morayta , originaria de México, ha trabajado prácticamente en todos los ámbitos donde se construyen, interpretan e implementan las normas de libertad de expresión: la propia Relatoría Especial, la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el mundo académico, las organizaciones internacionales, la sociedad civil, las instituciones estatales y el apoyo directo a las víctimas.
Según el candidato, el sistema interamericano ha consolidado, en las últimas dos décadas, «uno de los marcos más sólidos del mundo para la protección de la libertad de expresión desde una perspectiva democrática», pero «aún persisten importantes desafíos», especialmente «una brecha significativa entre las normas que hemos establecido y su aplicación efectiva».
Su propuesta se organiza en torno a tres prioridades: primero, “fortalecer la protección de las personas, los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación” frente a la violencia, las amenazas, la vigilancia, el desplazamiento forzado y la impunidad; segundo, “consolidar el liderazgo de la Relatoría” para abordar los desafíos del entorno digital, garantizando respuestas “sólidas, independientes, actuales y basadas en los derechos humanos”; y tercero, “fortalecer las capacidades locales” para la implementación de las normas interamericanas, en coordinación con las autoridades, los periodistas, la academia y la sociedad civil. Según Negrete Morayta, el impacto del sistema interamericano “se mide no solo por la calidad de sus normas, sino también por su capacidad para transformar la vida de las personas”.
Matías Ponce , de Uruguay, presenta su candidatura basada en una visión de futuro: «imaginar, para 2029, una relatoría presente en el terreno, en la agenda pública y útil para los Estados, los periodistas, la academia y la sociedad civil: ágil, transparente y capaz de anticiparse a los acontecimientos». Esta visión se traduciría en un plan estratégico para el periodo 2026-2029, con «objetivos verificables, resultados públicos y rendición de cuentas».
Entre sus propuestas concretas, destaca el fortalecimiento de la protección mediante la agilización de peticiones, casos y medidas cautelares y provisionales, con el objetivo de aumentar el número anual de audiencias y reuniones especiales de 25 a 50, priorizando la seguridad de los periodistas, los delitos contra la prensa y la situación de los profesionales desplazados. Ponce también propone acercar la Relatoría a los territorios —especialmente al Caribe— y retomar las agendas de los medios comunitarios y el acceso a la información.
El candidato también presenta dos iniciativas específicas: la “Iniciativa Interamericana para la Libertad de Expresión”, centrada en foros bianuales y el intercambio de buenas prácticas entre Estados, y el “Libertad Lab”, descrito como “nuestro hackatón interamericano” para la creación conjunta de estrategias de difusión con universidades, centros de investigación y asociaciones de periodistas. Entre los temas a tratar, menciona la integridad de la información, la gobernanza de las plataformas digitales, la alfabetización mediática, la inteligencia artificial y las neurotecnologías, así como acciones para prevenir la violencia contra las mujeres periodistas y el discurso de odio contra las mujeres en la política. Finalmente, propone transformar los informes anuales en “herramientas prácticas”, crear un podcast institucional y asegurar financiación ágil mediante una cuenta especial para proyectos, “preservando nuestra independencia”.
Durante 20 años, César Ricaurte , de Ecuador, ha trabajado junto a periodistas y sus familias contra los intentos de silenciarlos, un periodo durante el cual también afirma haber sido blanco de ataques por parte de quienes ostentan el poder. Según él, su candidatura surge de «profundas convicciones y de la capacidad de construir instituciones, redes e infraestructura democráticas».
El candidato recuerda que, en 2009, la Relatoría elaboró la Agenda Hemisférica sobre la Libertad de Expresión para abordar la censura, los procesos judiciales contra periodistas y la violencia. Ante los “nuevos desafíos”, como el crimen organizado, el cierre del espacio cívico y las amenazas a la integridad de la información, propone la construcción participativa de una nueva Agenda Hemisférica que incorpore la anterior y añada tres pilares: “prevención, protección y corresponsabilidad”.
Ricaurte subraya que prestará especial atención a la situación de las mujeres periodistas, que se enfrentan a un doble riesgo, y a regiones menos visibles, como el Caribe, Centroamérica y la región andina. Tras años de trabajo con la Relatoría desde la sociedad civil, afirma estar listo para asumir el liderazgo con rigor, capacidad y pasión, resumiendo su propuesta en el lema: «menos luto, más democracia».
Con más de 18 años de experiencia defendiendo la libertad de expresión, la venezolana María Daniela Rivero ha trabajado con la Corte y la Comisión Interamericana, además de brindar apoyo a víctimas, periodistas y la sociedad civil en litigios y documentación de casos.
Según la candidata, la Relatoría «debe evolucionar con la misma rapidez» que los retos del entorno digital, «preservando su independencia y reforzando su liderazgo». De resultar elegida, pretende consolidar los avances del actual plan estratégico de la Comisión y contribuir a definir la siguiente etapa, con una gestión organizada en torno a tres pilares: «incluir, fortalecer e innovar».
En el eje de la «inclusión», Rivero destaca que los riesgos de ejercer la libertad de expresión «no son los mismos» para una periodista, un medio de comunicación de una comunidad indígena o alguien que informa desde lugares donde «prácticamente no hay presencia estatal». Por lo tanto, propone incorporar una perspectiva transversal e interseccional al trabajo de la Relatoría, además de ampliar el monitoreo en el Caribe. En el eje del «fortalecimiento», trabajará para lograr la sostenibilidad institucional de la Relatoría y la diversificación de sus fuentes de financiamiento. Finalmente, en el eje de la «innovación», su compromiso es actualizar las normas interamericanas para responder a desafíos como la inteligencia artificial y las crisis democráticas, mediante «un diálogo firme con los Estados, cercano a la sociedad civil y constructivo con las plataformas digitales».
La propuesta de la mexicana Laura Salas parte de la premisa de que la libertad de expresión «sigue siendo un pilar fundamental para el ejercicio de los derechos humanos y la democracia» en la región, pero que el entorno digital, la violencia y las limitaciones institucionales exigen «una visión muy integral» de este derecho.
El candidato propone un marco tridimensional. La primera es la «seguridad física», que abarca agresiones, acoso, persecución y amenazas contra periodistas, así como el funcionamiento de los mecanismos de protección, prestando atención no solo al origen de estas agresiones, sino también a sus motivaciones y a la respuesta del Estado. La segunda dimensión es la «acción institucional y jurídica», que incluye el acceso a la información pública gubernamental, el uso de procesos legales estratégicos para inhibir la participación ciudadana y los discursos de las autoridades que estigmatizan a determinados sectores.
La tercera es la dimensión «digital», que incluye el acceso a internet, la conectividad, la concentración de la infraestructura de comunicaciones, el impacto de los algoritmos en la pluralidad informativa y amenazas como los ciberataques, la vigilancia ilegal y la violencia en línea.
Según Salas, su interés radica en que los informes del Relator «no solo documenten las violaciones», sino que también den lugar a «recomendaciones específicas basadas en las normas interamericanas de derechos humanos».
¿Qué es la RELE?
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es un órgano creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el objetivo de promover la defensa del derecho a la libertad de pensamiento y expresión en el continente, dado su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
La misión de la CIDH es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en todos los Estados de las Américas, de conformidad con las más altas normas internacionales, con el fin de salvaguardar la dignidad de las personas y fortalecer el estado de derecho y la democracia.
La CIDH busca un hemisferio democrático e inclusivo comprometido con la protección de los derechos humanos de todas las personas y naciones de la región, donde todos vivan con dignidad, igualdad y justicia.
La labor de la CIDH se basa en tres pilares:
El sistema de peticiones individuales;
Supervisar la situación de los derechos humanos en los Estados miembros; y
Centrándonos en las áreas temáticas prioritarias.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato emana de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana es responsable de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región, actuando como órgano asesor de la OEA en esta materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes, elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, es decir, sin representar a sus países de origen o residencia.
El proceso de selección continúa de la siguiente manera:
Los currículos completos y los vídeos de los finalistas están disponibles en la página de la convocatoria .
Tras recibir las observaciones de la sociedad civil, la CIDH procederá con las etapas de evaluación previstas en el proceso. La Comisión prevé concluir la selección el 30 de septiembre y que la persona designada asuma el cargo el 1 de noviembre de este año.
El Relator Especial para la Libertad de Expresión rinde cuentas a la CIDH, trabaja en coordinación con su Secretaría Ejecutiva y desempeña sus funciones en la sede de la OEA en Washington, D.C. Desde este puesto, apoya a la Comisión en el cumplimiento de su mandato de promover y proteger el derecho a la libertad de expresión en las Américas.
* Con información de la CIDH
Fuente: Agencia Pulsar